Exclusión social

Con el proyecto “Themis”, ADHEX ofrece servicio profesional jurídico a personas que, por su situación de exclusión, no pueden acceder  a una valoración o asesoramiento inicial especializado. El objetivo es facilitar un asesoramiento jurídico y social, así como servir de aliento en situaciones de desigualdad, de abusos de poder, o de vulneración de derechos y libertades fundamentales, facilitando así el camino hacia la inserción social. Este proyecto se desarrolla con la ayuda de la Diputación de Cáceres.

Se prevé atender a cerca de 600 personas, principalmente personas reclusas en el Centro Penitenciario de Cáceres, personas internas en el Centro de Inserción Social “Dulce Chacón”, personas extranjeras residentes en cualquier municipio de la provincia de Cáceres, personas originarias de la provincia cacereña que hayan sido detenidas en un país extranjero, personas drogo-dependientes con problemas jurídico-penales, mujeres víctimas de la trata con fines de explotación sexual o personas cercanas, así como cualquier ciudadano/a que sea víctima de vulneración de Derechos Humanos.

Asimismo, también ofrecemos asistencia en el ámbito jurídico al personal técnico de organizaciones asistenciales y de los servicios sociales de base municipales y mancomunados, así como a personal de Ayuntamientos y Diputación responsable de la atención en el área social. A lo largo de los años ADHEX se ha especializado en este ámbito, siendo actualmente uno de los pocos recursos estables que se han mantenido.

El proyecto Themis se desarrolla con dos profesionales de la abogacía, especialistas en materia de Extranjería, Derechos Humanos, Derechos Penitenciario y Penal, Violencia de Género, Trata de mujeres con fines de explotación sexual e Igualdad de Oportunidades.

La actual situación de crisis está afectando de manera extrema a colectivos especialmente vulnerables como son las personas inmigrantes, las personas drogodependientes, la población reclusa y ex reclusa, las minorías étnicas, las personas con discapacidad, o las mujeres víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual. Las grandes cifras de desempleo, las situaciones de paro de larga duración o con todos los miembros de la unidad familiar sin trabajo, las dificultades para acceder a ayudas públicas, los desahucios de viviendas, las familias que acuden a los comedores sociales son situaciones que suponen una vulneración o falta de garantía de los derechos fundamentales. En muchas de estas situaciones, la ciudadanía se encuentra desprotegida a la hora de defender sus derechos y, en muchos casos, no tienen donde acudir.

Extremadura tiene actualmente una tasa del 41,5% de su población al borde de la pobreza y la exclusión, con más del 30% de la población activa en situación de desempleo. Estas cifras significan que Extremadura es la región española con el mayor porcentaje de población afectada por esta crisis. No olvidemos el artículo 9.2 de la Constitución Española: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

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