Reivindicaciones DDHH

Dentro de las habituales áreas de actuación de ADHEX, detectamos muchos aspectos que han de mejorar y así lo reivindicamos para 2012, un año que estará especialmente marcado por la crisis económica y los efectos que está provocando en aquellas personas con menos recursos.

En especial, pedimos un mayor compromiso por parte de la clase política para defender a la población en general. Como dijo recientemente la Defensora del Pueblo María Luisa Cava de Llano en relación a las familias que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas: “La banca en momentos excepcionales ha recibido ayudas excepcionales, también los ciudadanos en momentos excepcionales necesitan ayudas excepcionales“.

SITUACIÓN GENERAL:

En cuanto a la situación general que está viviendo nuestro país, los países de nuestro entorno y casi todo el mundo, a la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, le preocupa especialmente, la vulneración del derecho al trabajo, como uno de los derechos fundamentales.

No sólo por las cifras de desempleo (que en Extremadura alcanza ya las 141.300 personas; en toda España son 5.200.000 personas). Alarmante, desde luego, en el caso de la población juvenil, con la mitad de los y las jóvenes, menores de 25 años, sin empleo.  La tasa de paro absoluta para Extremadura, según la EPA, en el tercer trimestre es del 22,5% en los hombres y en las mujeres 6 puntos por encima. Sólo dos regiones, Andalucía y Canarias, tienen peores cifras que Extremadura.

Extremadura es la tercera región con mayor número de hogares en que ningún miembro de la familia tiene empleo. Y la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en España es del 25’5%; en Extremadura asciende al 41’5% (según la encuesta de condiciones de vida 2010 del INE). En Badajoz los comedores sociales han atendido a 300 familias cada mes. Por el centro de transeúntes de Plasencia pasaron 846 personas, el año pasado.

Pero si las cifras de desempleo que se están alcanzando están batiendo records históricos, día tras día, mes a mes; al mismo ritmo están aumentando los recortes en derechos sociales. Gobiernos, agencias internacionales, Banco Mundial, FMI, sólo ven la solución a la crisis, en apretar el cinturón a los mismos. Entretanto,  vemos como las noticias nos relatan los incontables ya, casos de corrupción, las pensiones millonarias de los banqueros (58 millones de euros recibirá el ya ex ejecutivo del Santander, Francisco Luzón).  Frente al desahucio de miles de familias, las inyecciones de dinero público a la Banca que ascienden  a 7.550 millones de euros.

Y así se marca otra recomendación del Banco Mundial: menos protección social como en Estados Unidos y más horas laborales como en Asia. Desde luego la esclavitud es más rentable económicamente y si se sigue el camino iniciado ¿qué diferencia habrá?

Y en Extremadura, se anuncian con pocos días de diferencia, recortes a las asociaciones de personas con discapacidad y el regalo a los y las diputadas de una tablet, que sumamos a su portátil y a sus móviles de última generación. Que sepamos ningún diputado o diputada ha renunciado a ella. Esperemos que tantas vías de comunicación sirvan para establecer los canales necesarios con la ciudadanía de a pie. Si no se lo contaremos en su facebook o vía twitter.

PRISIONES:

- Las infraestructuras están obsoletas, se encuentran en mal estado, carecen de instalaciones adecuadas y son insuficientes para albergar la cantidad de personas que están cumpliendo penas de prisión.

- Escasez de personal: el personal de Trabajo Social, Psicología y juristas es insuficiente para atender a la población reclusa que prácticamente dobla la capacidad del centro (masificación del 168% según ACAIP). Los/as internos/as denuncian frecuentemente el abandono por parte del personal y la indefensión que sufren al no poder realizar a tiempo trámites necesarios por falta de atención.

- Numerosas quejas sobre deficiente asistencia sanitaria: probablemente relacionado con lo dicho anteriormente de la escasez de personal.

- Adhex mantiene una vigilancia constante porque en todos los años que llevamos entrando en prisión, es muy frecuente y reiterativo que la población reclusa nos hable acerca de malos tratos por parte del funcionariado. Mantenemos contacto con los órganos de dirección de ambos centros penitenciarios y trasladamos estas quejas cuando hay indicios suficientes de que puede haber una mala práctica.

- Desigualdad de trato a las reclusas: ambas prisiones siguen sin adecuar sus instalaciones para albergar a mujeres; no pueden acceder en igualdad de condiciones a las actividades programadas, no tienen acceso del mismo modo a distintas dependencias, con lo que se reduce considerablemente el espacio en el que pueden moverse y las oportunidades de reeducación y reinserción que se les ofrecen. Y tienen restricciones en el contacto familiar.

- Falta de atención especializada a personas con enfermedades mentales. No es el medio donde estas personas deben estar tras haber cometido un delito. Pero los centros penitenciarios psiquiátricos son escasos, de modo que haría falta esa atención especializada, sobre todo teniendo en cuenta que muchas de esas enfermedades mentales vienen causadas por el consumo de drogas.

- Las personas extranjeras no acceden en igualdad de condiciones al disfrute de determinados beneficios penitenciarios como permisos o tercer grado, habitualmente por no tener arraigo familiar o porque las Juntas de Tratamiento alegan riesgo de fuga.

- Falta de asistencia jurídica por parte del turno de oficio de los Colegios de Abogados. Con frecuencia, la población reclusa nos demanda que contactemos con su abogado/a que se le haya asignado, ya que no acuden a verles al Centro penitenciario.

ÁMBITO DEL ASESORAMIENTO JURÍDICO

- Lentitud de la justicia, a causa de la falta de medios humanos (falta de juzgados y personal funcionario…) y de medios materiales (no existe un sistema informático único para toda España. Además, algunos procesos son excesivamente complejos con demasiados trámites.

- Mala asistencia del Turno de Oficio. Puede deberse a la baja retribución (muy por debajo de los criterios de honorarios de los Colegios de Abogados); dejadez en algunos/as profesionales y sobre algunos asuntos. A veces, se da traslado y se notifica muy tarde al abogado/a.

- Crear algún recurso o ayuda específica para personas extranjeras, para que puedan adaptarse a la burocracia de nuestro país y ayudarles igualmente con el idioma.

- Creación del Defensor del Pueblo Extremeño. Para que una persona extremeña que se considera desatendida por los servicios públicos no se vea limitada a reclamar ante esos mismos servicios públicos regionales, sino que tenga un organismo superior que vigile el buen funcionamiento de los servicios de la región.

- Limitación del acceso a la justicia (el llamado “efecto cangrejo”) mediante el considerable aumento de los importes (tasas o depósitos) para poder acceder a la vía del recurso, presentándose como la única fórmula mágica para “disminuir la litigiosidad”, es decir, reducir el número de asuntos tramitados en los juzgados y tribunales. Esto constituye una evidente limitación añadida al natural derecho a recurrir, como una de las manifestaciones del derecho de toda personas  al libre acceso a la jurisdicción. En suma, se trata de poner obstáculos para disminuir el trabajo de nuestros tribunales de justicia.

- Se ha acotado el acceso al recurso de apelación. Antes se podía apelar para ver un asunto en segunda instancia en la Audiencia Provincial. Ahora ha habido reformas procesales y sólo pueden acudir aquellas demandas que superen los 3.000 euros, por lo que se reducen los litigios, se quita carga de trabajo a los tribunales, pero se está privando a la ciudadanía de su derecho a recurrir cuando sus casos han sido inferiores a 3.000 euros. Y en esta línea, se está estudiando también imponer una serie de tasas para poder acudir a los tribunales.

PERSONAS EXTREMEÑAS RECLUSAS EN EL EXTRANJERO

- La atención de muchos Consulados españoles a estas personas no es la adecuada. La obligación del Estado Español, concretamente del Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de los Consulados, es la de visitar a la persona reclusa al menos una vez cada 6 meses. Hemos detectado que las visitas dentro de este plazo son la excepción; esto provoca que reciban con mucho retraso la ayuda económica que el Estado Español les proporciona según el país donde la persona se encuentre (aproximadamente unos 100 euros mensuales). Es muy importante que se les entregue ese dinero, sobre todo en aquellos países cuyos centros penitenciarios presentar peores condiciones y las personas allí recluidas han de comprar alimentos, pastillas para potabilizar el agua, medicinas o, en algunos casos, pagar por tener un colchón o incluso el espacio donde poner ese colchón.

EDUCACIÓN

- Creemos necesario que se introduzcan más temas relacionados con los derechos y deberes en las aulas, tales como: Igualdad entre mujeres y hombres, prevención de violencia entre adolescentes, consumo responsable, la inmigración desde el punto de vista de la persona que emigra, perspectiva histórica de los derechos Humanos (Logros y retrocesos en materia de DDHH, países con regímenes dictatoriales, países con escasa protección de los Derechos Humanos, etc.), cómo trabajar por los Derechos Humanos siendo menor de edad.

ASESORAMIENTO JURÍDICO Y SOCIAL A PERSONAS INMIGRANTES

-    La crisis está golpeando más todavía a las personas inmigrantes, que ya tenían dificultades para acceder a un empleo, el nuevo reglamento de extranjería es todavía más restrictivo, estableciendo unas exigencias económicas impensables si se tratara de personas autóctonas. Mientras las cosas iban bien, la mano de obra inmigrante era bien recibida. Ahora, se está dejando de lado a personas que vienen a trabajar.

0 comments

Deja un comentario

Diputación de  Badajoz Diputación de Cáceres